El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, encargó al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para que emprenda acciones para congelar activos del chavismo en España.

El bufete recibió un mandato del procurador especial de Venezuela, que les apodera mercantilmente, y la semana que viene va a plantear acciones en la Audiencia Nacional, contra la red de blanqueo de dinero del chavismo, en las que acusará a colaboradores internos y externos de constituir una gran organización criminal de desvío de fondos que pertenecen a todos los venezolanos. Exigen a las autoridades competentes en España y otros países que incauten bienes a empresas y personas físicas relacionados con la corrupción y el lavado de dinero, cuentas, inmuebles, acciones y obras de arte. Obedecen a la Ley de Recuperación de Activos que ha promulgado la Asamblea Nacional como parte de la “estrategia de cese de la usurpación”.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López y socio de Cremades & Calvo-Sotelo, es el apoderado de Guaidó en esta causa y está en contacto con los embajadores designados por el líder opositor. “Se trata de alegar daños al patrimonio público civil que permitan repatriar bienes a Venezuela”, explicó el abogado.

Además de las acciones legales, también se siguen otras dos vías: la preservación de activos de empresas venezolanas en el extranjero, en primer lugar, de Pdvsa, y de las sedes diplomáticas de la República. Esta última se ha activado especialmente en Estados Unidos, donde enviados de Guaidó han tomado el control de tres sedes diplomáticas: dos edificios militares en Washington y el Consulado en Nueva York. Se quieren evitar los destrozos en edificios y equipos y el saqueo de cuentas bancarias que se están produciendo.