El Observatorio de Gasto Público (OGP) de la ONG Cedice Libertad estimó que la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y avalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), podría costarle al Estado 5 mil 989 millones de bolívares, equivalentes a 8,6 millones de dólares calculados a la tasa Dicom.

Según la economista e investigadora del OGP, Karelys Abarca, la convocatoria de Maduro, al no estar presupuestada, implicaría a largo plazo un incremento de la deuda externa.

“Como esta convocatoria no estaba presupuestada, requeriría un crédito adicional que, dadas las restricciones internas, más temprano que tarde terminará como un incremento de la deuda externa. Resultaría incluso mucho más costosa si se plantea con voto manual, como lo insinuó Nicolás Maduro el pasado 20 de febrero, y si viene acompañada de referendos consultivos”, explicó Abarca.

Cedice ha señalado que la propuesta del Ejecutivo para enfrentar los problemas económicos, sociales e institucionales del país, consiste simplemente en convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que omite la participación democrática ciudadana y que no resolverá los problemas de fondo en los sectores económicos, políticos y sociales del país.

La economista añadió que el proceso de la Constituyente da la espalda a las necesidades prioritarias de la sociedad, pues no cumple con el importante paso de consultar a la población si está de acuerdo o no en cambiar la Constitución.

“En el supuesto caso de que no se desee realizar el referéndum consultivo sobre la constituyente para reducir costos, también es cierto que este evitaría costos posteriores mayores como la instalación de una nueva asamblea, la creación de una nueva constitución y el replanteamiento de todos los poderes”, explicó Abarca.

De acuerdo con el OGP, el hecho de que las elecciones de la Constituyente estén previstas antes de los comicios regionales, que debieron hacerse en 2016, hace que las elecciones de gobernadores y alcaldes sean inviables, pues no habrá presupuesto ni recursos adicionales diferentes a los que destinará el Estado para el pago de la deuda externa.

[Vía: Analítica]