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Maduro tiene pendiente la liberación plena de Afiuni y Jatar

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló que en Venezuela no se cumple con los estándares internacionales básicos de detención.

La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló este lunes que el régimen de Nicolás Maduro tiene pendiente la liberación plena de la jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar.

En la actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Bachelet indicó que aunque el régimen confirmó su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos, su oficina ha seguido documentado casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional.

Afirmó que solo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de las FAES en Caracas.

Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres.

Aseguró que su oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales.

Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno.

Bachelet pidió a las autoridades del país información más detallada sobre el tipo de violación de los derechos humanos que cometieron los 104 funcionarios de policiales que fueron detenidos el año pasado en el país.

Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas.

La diplomática añadió en el informe que le preocupa las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.

Dijo que de aprobarse esa ley reducirá aún más el espacio democrático en el país. Lamentó también los recientes ataques del gobierno de Maduro en contra de la autonomía universitaria.

Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas.

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