El pasado martes 9 de Abril fue reconocido a Gustavo Tarre como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) en cabeza del líder opositor Juan Guaidó, hasta que haya elecciones en el país.

La resolución inicialmente buscada el reconocimiento de Juan Guaidó, sin embargo la resolución incluyó a última hora una enmienda de Jamaica y acabó reconociendo a Tarre como representante de la AN, presidida por Guaidó y controlada por la oposición.

Los 18 países que votaron a favor fueron Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU. y Guatemala, quienes aprobaron textualmente “aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como representante permanente, designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un Gobierno democráticamente electo”

Sin embargo varios países estuvieron en desacuerdo e insistieron en colocar una nota como pie de página en la resolución, “La silla de Venezuela no está vacía, yo soy la representante de Venezuela y no hay vacante (…) No pueden intervenir en la conformación de mi delegación”, dijo una de las representantes venezolanas ante la OEA, Asbina Ixchel Marin Sevilla.
Las pasadas elecciones en Venezuela dejaron varios cuestionamientos en la comunidad internacional, Tarre llamo a Maduro “Usurpador mientras que la OEA declaró ilegitima la toma de posesión de Maduro el 10 de enero como presidente de Venezuela.

Las declaraciones de Maduro no se hicieron esperar, quien acuso a la OEA de planear un golpe de estado al aceptar en su organización a Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela “La OEA convalida el plan de golpe de Estado iniciado el 23 de enero pasado, y pretende crear condiciones para profundizar la agresión injerencista contra nuestro país, incluyendo la amenaza de una intervención militar”, asegura un comunicado de la cancillería venezolana.

El gobierno venezolano sostiene que no aceptará ningún emisario político que no haya sido aceptado por Nicolas Maduro, ni tampoco acatará las normas impuestas por el seno de la OEA “Se trata de una de las más infelices decisiones tomadas en la larga historia de desafueros jurídicos y políticos de esta organización” aseguró el gobierno de Maduro.