46 días y 42 fallecidos reconocidos por la Fiscalía, aunque algunas organizaciones elevan el número hasta más de 50. Ese es el saldo mortal que, hasta ahora, arroja la represión gubernamental contra la ola de protestas que la oposición venezolana ha convocado contra los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en la práctica liquidaron a la Asamblea Nacional y para exigir la celebración de elecciones en Venezuela.
Pese a que las cifras oficiales arriba mencionadas revelan que se ha registrado casi un asesinato por día, y a que la mayoría de los muertos son personas que se manifestaban, o a que hasta el lunes más de 275 venezolanos han sido puestos a disposición de jueces militares y 159 de ellos ya están detenidos en cárceles castrenses y más de mil han sido heridos con bombas lacrimógenas, balas de goma o armas de fuego, las marchas, concentraciones y plantones (sentadas) en calles y autopistas lejos de apaciguarse se extienden.
Este martes, aunque la oposición no había convocado ninguna actividad, estudiantes universitarios y de bachillerato de San Antonio de Los Altos, una localidad cercana a Caracas, decidieron por su cuenta cerrar la carretera que conduce a la capital venezolana.
¿Por qué ocurre esto? “Porque hay una convicción y compromiso en buena parte de la sociedad venezolana, sin importar su edad o grupo social, de que es necesario recuperar la democracia y la indiferencia de las autoridades ante ese reclamo y la represión con la que han respondido a los reclamos lo que está haciendo es extender el malestar”, explicó Inti Rodríguez, investigador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización que no ha dudado en calificar lo que está pasando en el país suramericano como “la primera rebelión popular del siglo XXI” que sufre.
“Esta ola de protesta es distinta a la que se registró en 2014 (la cual duró seis meses), porque ahora no está focalizada en zonas opositoras, sino que ha llegado a zonas marginales y pobres y a la provincia. Asimismo están participando distintos sectores de la sociedad”, afirmó el activista, al tiempo que agregó: “La gente ha empezado a entender que el deterioro de los servicios públicos y la escasez de alimentos y medicinas que padecemos es culpa de la gestión de Maduro y solo cambiándolo esto cambiará”.
Esta ola de protesta es distinta a la que se registró en 2014 porque ahora no está focalizada en zonas opositoras, sino que ha llegado a zonas marginales”
Hasta la semana pasada se habían registrado en el país 946 protestas, en prácticamente todos los estados del país, de acuerdo a cifras difundidas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
¿Cuánto tiempo más?
Dirigentes opositores como el expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, han asegurado que continuarán en las calles el tiempo que sea necesario y sin importar el costo. “Primero se cansarán ellos de reprimir que nosotros de protestar”, ha dicho.
Aunque hasta el momento ninguna de las cinco demandas opositoras han sido atendidas: Celebración de elecciones, reconocimiento de los poderes del Legislativo, apertura de un canal humanitario para paliar la escasez de alimentos y medicinas, liberación de los presos políticos y desarme de los colectivos (grupos paramilitares afectos al chavismo), las manifestaciones han arrojado otros resultados.
El primero el deslinde de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien primero no dudó en afirmar que los fallos del Supremo contra el Parlamento representaban una “ruptura del orden constitucional” y luego ha cuestionado la actuación de las autoridades policiales y militares ante las protestas, así como el uso de la justicia militar. Y el segundo es que ha acelerado el proceso de aislamiento internacional del Gobierno de Nicolás Maduro, el cual quedó patente con la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de analizar la situación venezolana, lo cual en la práctica supone el inicio del proceso de activación de su Carta Democrática.
Para el analista Luis Vicente León el éxito de esta ola de protesta dependerá de dos elementos: Protesta pacífica y que la misma sea amplia y sostenida.
“La protesta pacífica (…) suele convertirse en kriptonita para el Gobierno. Pero no es fácil. La población que presiona los cambios pacíficamente se enfrenta a la resistencia violenta de su contendor. Conociendo su costo de salida infinito, el detentor de poder estará dispuesto a cualquier cosa para defenderse. Su estrategia comunicacional está cantada. Primero destruye la verdad como valor en el debate político. Después usa la vieja técnica de acusar de sus fechorías a la víctima. No importa que hayan muerto (asesinado) a 40 de sus adversarios, produce un gran alboroto por el rasguño de uno que pertenece a su lado. En el medio de ese jaleo, como dice la Fiscal, es difícil culpar al agredido de radicalizarse para defenderse de la violación de sus derechos. Y entonces algunos grupos se desbordan. Pero ahí está el problema. La respuesta violenta a la violencia oficial es oro en polvo para el Gobierno”, apuntó, al tiempo que señaló que la oposición debe buscar mantener en el tiempo las manifestaciones y sobre todo llevarlas a las zonas populares más que buscar algunas espectaculares y enormes.
[Vía: La Vanguardia]
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