En 2013 el gobierno nacional y los gobiernos regionales aplicaron medidas para frenar la fuga de alimentos y artículos a precios regulados o adquiridos con dólares preferenciales a través de la frontera tachirense hacia Colombia. La marcada diferencia entre el valor del bolívar venezolano y el peso colombiano ha incidido en el contrabando.

De acuerdo con las estadísticas del Comando Regional N°1 de la Guardia Nacional Bolivariana, del 1 de enero al 16 de diciembre, fueron retenidas más de 4.300 toneladas de alimentos regulados de la cesta básica valorados en 44.904.668 bolívares. En materia de hidrocarburos, en el mismo período, fueron retenidos 533.711 litros de gasoil y 246.574 litros de gasolina que tenían como destino los puestos de pimpineros o vendedores de gasolina venezolana de contrabando tanto en La Parada como en El Escobal, en el departamento de Norte de Santander.

El general de división Franklin García Duque, jefe del CORE 1, señaló que los allanamientos a establecimientos comerciales han dado resultados satisfactorios para determinar acaparamiento, usura o desvío de destino de alimentos y bienes. “En estas experiencias hemos determinado que en Táchira han proliferado las empaquetadoras de azúcar. Están ingresando altas cantidades de azúcar al Táchira y van a empaquetadoras que son distribuidas en el comercio del eje fronterizo San Antonio-Ureña-Rubio, por lo que se han incrementado las fiscalizaciones en estas empaquetadoras para evitar el contrabando de extracción de azúcar y la escasez del producto”, dijo el oficial.

También han verificado que las sociedades mercantiles, constituidas para comercializar distintos rubros alimenticios, han migrado a alguno en específico como leche en polvo, arroz o azúcar, productos que en el vecino país quintuplican su precio.

A juicio de funcionarios de organismos de seguridad venezolanos consultados, todos los productos regulados y no regulados son atractivos tanto para el bolsillo del colombiano, cuyo sueldo mínimo se ubica en 589.000 pesos (unos 17.800 bolívares al cambio en frontera), como para el contrabando, por el valor que adquieren las mercancías venezolanas del otro lado del río Táchira. Reconocen que hay esfuerzos importantes para frenar el contrabando, como la sustitución de personal en puntos de control fronterizo y el incremento de militares en sitios estratégicos para la revisión y chequeo de unidades de transporte y carros particulares, sin embargo, no desconocen hechos irregulares en los que pudieran estar involucrados algunos funcionarios.

Recientemente el gobernador de Táchira, José Vielma Mora, propuso que tanto los agentes policiales como los militares que se presten al contrabando o cometan delitos contra la nación, sean degradados de rango en un acto público. “Cuando a usted lo invisten con un uniforme policial o militar o lo nombran autoridad en frontera, debe convertirse en un ciudadano en defensa de la república”, señaló el mandatario tachirense.

Decreto 600

Una de las medidas implementadas por el Ejecutivo regional para evitar el contrabando fue el Decreto 600, medida con la que se pretendió limitar, solo a ciudadanos residentes en Táchira, la venta de bienes básicos adquiridos con dólares de los diferentes sistemas de administración de divisas como Sicad, Sitme y Cadivi. Aunque la intención no fue expuesta en el decreto, por 17 días las personas debieron presentar cédula de identidad, Registro de Información Fiscal, carta de residencia y un recibo de servicio público vigente para constatar que en efecto eran ciudadanos venezolanos y que vivían en el estado para poder comprar “alimentos, electrodomésticos, calzados, textiles, juguetes, productos de ferretería, línea blanca, línea marrón, vehículos, repuestos, materia prima y cualquier otro producto adquirido en el comercio internacional con dólares americanos”. Voceros de la gobernación argumentaron que el decreto había cumplido el propósito durante su aplicación.

Bajo estudio

La secretaria general de la Gobernación de Táchira, María Gabriela Varela, señaló que un equipo del Banco Central de Venezuela realiza un informe sobre las consideraciones a presentar al gobierno nacional respecto a la paridad cambiaria. “Un grupo de expertos está haciendo investigaciones respecto del cambio entre el bolívar y el peso y qué medidas debe tomar el gobierno nacional porque esto es su competencia”, explicó Varela.

Mientras en Venezuela un kilo de leche en polvo cuesta 36,44 bolívares, en Colombia el mismo producto cuesta 13.700 pesos, que al cambio representan 455 bolívares. El kilo de arroz está regulado en 7,20 bolívares y en Colombia este producto es vendido en 2.100 pesos, es decir, unos 70 bolívares. El kilo de azúcar cuesta Bs 6,11 y en Cúcuta se vende en 2.500 pesos, unos 80 bolívares.