La exfuncionaria indicó que “en Venezuela no funciona porque el Gobierno tiene un poder judicial que ha sido convertido en un brazo de persecución política de la oposición”.
La destituida fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró, en una conferencia sobre Derechos Humanos en la Universidad del Rosario de Bogotá, que en su país “existe un Estado de terror que ha imposibilitado los derechos de los ciudadanos” porque estos no pueden ejecutar acciones que no estén acordes al pensamiento del Gobierno.
La funcionaria denunció que la grave situación de Venezuela se ha venido incrementando por la constituyente del Gobierno de Nicolás Maduro.
“Esta situación se ha venido profundizando de manera acelerada con la implementación de una Asamblea Nacional Constituyente, a la que yo llamo ‘constituyente presidencial’ porque fue para satisfacer los caprichos del Presidente de Venezuela”, indicó Ortega.
Asimismo, denunció la grave vulneración de los derechos de los venezolanos que se viene presentado por la falta de alimentos, acceso a la salud, y la persecución política a la oposición, entre otros.
“No es extraño ver a los ciudadanos, principalmente niños, buscando comida en la basura. El déficit nutricional aumentó 58% en el mes de agosto, y esto trae consecuencias irreversibles en la salud y en el futuro de la población, situación que no padecen los hijos de los funcionarios del Gobierno”, señaló la exfiscal, quien también rechazó que las bolsas de alimentos que se entregan a la población se han venido utilizando como una forma de extorsión para que apoyen al Gobierno.
En cuanto a la situación de la justicia, Ortega indicó que “en Venezuela no funciona porque el Gobierno tiene un poder judicial que ha sido convertido en un brazo de persecución política de la oposición”.
En este sentido, la exfuncionaria aclaró que para la elección de los magistrados se utilizó un proceso fraudulento asegurándose que su inclinación política fuera de su corriente política y que esto ha impedido que se adelanten investigaciones sobre la violación de los derechos humanos.
[Vía: El Heraldo]
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