Las cifras son impactantes: cerca del 40 por ciento de los alimentos que Venezuela importa, a precios fuertemente subsidiados, son vendidos por “mafias de contrabandistas” en Colombia, afirma el presidente Nicolás Maduro, heredero de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez.

Y el impacto es brutal: uno de cada cuatro productos básicos falta o es difícil de conseguir en Venezuela, de acuerdo con el Indice de Escasez que publica el Banco Central de Venezuela -a partir de relevamientos en 20.000 mercados en todo el país- y que en enero marcó un récord de 28 por ciento.

A pie, en moto o grandes camiones, a veces por carreteras principales y otras por pequeños y discretos senderos, los 2.200 kilómetros de frontera colombo-venezolana son el paraíso de los ‘bachaqueros’ en su trasiego de alimentos, productos de higiene o medicinas.

Aunque no hay cifras oficiales del volumen del contrabando, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, calificó este mes la magnitud del fenómeno como algo “realmente escandaloso” y que “casi, casi, Venezuela está financiando la alimentación en Colombia” en desmedro de la industria de su país.

DINERO FÁCIL

El gobierno venezolano defiende el control cambiario -vigente desde 2003- para evitar la fuga de capitales, y los subsidios como parte de la política chavista de garantizar la soberanía alimentaria en el país, cuya inflación en enero llegó al 56,3 por ciento anual.

Pero los economistas aseguran que los contrabandistas son atraídos por las distorsiones derivadas de esas políticas, que les permite comprar alimentos a valores fuertemente subsidiados y revenderlos en Colombia a costos internacionales, con lo que logran ganancias espectaculares al multiplicar el valor 10 o incluso 20 veces.

La mayoría de productos básicos o los insumos en Venezuela son importados a la tasa preferencial de 6,3 bolívares por dólar y vendidos a precios regulados, pero una persona que tenga divisas y las venda en el ilegal mercado negro (donde ya cotiza 12 veces por encima del valor oficial) paga valores menos que simbólicos.

Por ejemplo, en un supermercado venezolano un kilo de arroz corriente cuesta 0,10 centavos de dólar negro y en Colombia 10 veces más.

Un desodorante 0,35 centavos de dólar y 3,5 dólares en el país vecino o un champú 5,71 dólares ante 40 dólares.

“Si tienes un tipo de cambio ‘sobrevaluado’ y un congelamiento de precios interno, es obvio que hay un estímulo enorme para que las mercancías salgan”, opinó el analista Luis Vicente León, de la encuestadora Datanálisis.

En plena crisis inflacionaria, el desabastecimiento se ha agudizado además por el acaparamiento y la especulación, según Maduro, y por el retraso del Estado en la asignación de divisas para importaciones, agregan economistas.

A fines de enero el gobierno adeudaba al sector alimentos unos 2.430 millones de dólares. Para el economista Asdrúval Oliveros, el problema se debe a “la política de control de cambio y de precios, que desestimula la producción local e impulsa las importaciones” financiadas por el petróleo que aporta el 96 por ciento de las divisas del país.

“Cada año la demanda de alimentos crece y crece, pero no creemos que eso se deba a un crecimiento de la población que es estable (un 1,5% por año), lo que explica que hay un contrabando muy agresivo”, opina Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica.

MAFIAS VERSUS CONTROLES

En los últimos meses, las autoridades han denunciado a diario incautaciones de harina, medicinas, jabón, champú y hasta llantas para camiones o autos, y han decomisado más de 3.000 toneladas de productos en los estados Zulia y Táchira, principales rutas del contrabando.

Además, se trafica la gasolina venezolana, una de las más baratas del mundo, ya que cuesta menos de un centavo de dólar el litro a la tasa del cambio negro, pero que demanda del Estado venezolano gigantescos subsidios que se estiman en 12.600 millones de dólares anuales.

El gobierno responsabiliza del contrabando a mafias colombo-venezolanas en asociación con algunas empresas privadas, pero los analistas recuerdan que también se debe a la corrupción en las Fuerzas Armadas y en otros organismos estatales.

“Claro que hay mafias, privadas y públicas, no hay forma de que esa mercancía salga en esas magnitudes sin que estén completamente coordinadas con algunas organizaciones del Estado”, asegura León.

“Son los propios estamentos militares los que también están involucrados en esto”, coincide Oliveros.

Ante la cruda realidad, Caracas y Bogotá lanzaron un plan de choque que incluye la coordinación de militares de ambos países, incautaciones y prohibición de envíos de alimentos, productos de higiene y medicinas en encomiendas por vía postal o de transporte público.

“Se puede reducir un poco el contrabando con esta estrategia de supervisión y control, pero los estímulos siguen ahí y las diferencias (cambiarias y de precio) son tan grandes que es imposible pararlo. Eso se resuelve corrigiendo la distorsión cambiaria y de precios”, sentenció León.