Para este martes se tiene prevista una reunión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo hemisférico, que tiene como antecedente un documento suscrito por Luis Almagro que no deja bien parada a Venezuela.
No se trata de los pasos de Ruperta, la pobre elefanta que ya no puede tenerse en pie y está muriendo de desnutrición en un zoológico de Caracas. Se trata del último informe del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación política, económica y social de Venezuela y su llamado a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo Hemisférico para este martes.
Luis Almagro no tiene pelos en la lengua. Presentó un informe franco y devastador en el que pasa revista a la situación de la democracia en Venezuela, a los irrespetos permanentes del régimen del presidente Nicolás Maduro contra la Constitución del país, los derechos humanos y políticos y sus violaciones a la Carta Democrática Interamericana, de la cual es signatario.
El dialogo fallido
Si las consecuencias del informe del año pasado fueron sencillamente las de promover el diálogo entre el gobierno y la oposición, este año las cosas pueden ser a otro precio.
Los llamados al diálogo el año pasado se produjeron en medio de las manifestaciones organizadas por la oposición para protestar por la eliminación del referendo revocatorio. Las diferentes fuerzas políticas logaron unirse en torno al propósito de la movilización popular y sacaron un millón de personas a las calles. Sin embargo, el Gobierno se comprometió con el secretario general de UNASUR, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, a contribuir a promover un diálogo institucional entre el Gobierno y la Oposición. Samper buscó la participación de tres expresidentes como facilitadores de ese diálogo: el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández de República Dominicana y Martin Torrijos de Panamá. El Vaticano se sumó a ese propósito.
El diálogo, sin embargo, fracasó. Se convirtió en una conversación de sordos que no condujo siquiera a la liberación de los presos políticos, exigida por la oposición, y menos aún al establecimiento de un calendario en firme para llevar a cabo elecciones presidenciales.
Así lo reconoció el secretario general de la OEA en su informe reciente: “Las gestiones diplomáticas realizadas no han dado por resultado ningún progreso. Los reiterados intentos de diálogo han fracasado… No podemos permitir que la premisa del diálogo siga siendo utilizada como cortina de humo para perpetuar y legitimar el poder autoritario de lo que se ha convertido en un régimen en Venezuela”.
El académico venezolano Ricardo Hausmann, por su parte, explica que la oposición en su país “no está preparada para luchar contra una dictadura, sino para hacerlo en democracia. Todas sus destrezas resultan absolutamente inútiles en el marco de una dictadura”.
Venezuela y la Carta Democrática Interamericana
“Los hechos no dejan lugar a dudas. Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana”, afirmó Almagro.
“Nuestros esfuerzos deben concentrarse en restaurar el derecho a la democracia del pueblo venezolano conforme a lo que establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana:
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, advirtió.
La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre de 2001, en sesión especial de la Asamblea de la OEA. Es un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática en el Hemisferio, y establece que la ruptura del orden democrático o su alteración en un Estado miembro, constituye “un obstáculo insuperable” para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA. Aunque no es formalmente un tratado, obliga a todos los países miembros del organismo.
Prevé que si las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia en un país miembro fracasan, el Consejo Permanente puede citar una reunión de la Asamblea General de la OEA, quien está facultada para suspender ese país.
Las violaciones de Venezuela a la Carta
Según el secretario general, las principales violaciones se relacionan con el pisoteo permanente a la Constitución y con la ausencia de un estado de derecho, el que “ha sido eliminado por un poder judicial completamente controlado por el Poder Ejecutivo”. Las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional se han irrespetado y las leyes aprobadas por la misma han sido anuladas.
“Hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos; si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal”, denunció. “El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que niega los más elementales derechos”, concluyó en una primera parte del análisis.
La situación humanitaria
Almario fue más allá: acusó al régimen venezolano de estar carcomido por la corrupción, mientras que la economía va en caída libre, la inflación es la más alta del mundo, los venezolanos tienen que gastar muchas horas al día para tratar de conseguir los pocos alimentos existentes en el mercado, el sistema de control de divisas y de precios ha profundizado la escases, no se consiguen medicamentos esenciales y los servicios de salud son trágicamente precarios, con hospitales que no cuentan con los recursos para tratar a los pacientes y salvar vidas. Han regresado enfermedades que ya habían sido erradicadas. Los niveles de malnutrición se han extendido peligrosamente entre los niños, quienes han dejado de asistir a las escuelas por problemas de hambre.
La prostitución se ha extendido dramáticamente, ante la falta de oportunidades de empleos y de ingresos. La extensión de la prostitución ha llegado hasta la ciudad de Cúcuta y otras poblaciones fronterizas colombianas.
“La profunda crisis humanitaria es de una escala inaudita en el Hemisferio Occidental. Se ignoran los derechos civiles y políticos. Todo en el interés de preservar la riqueza, el privilegio y la impunidad de quienes se aferran al poder”, concluyó el secretario de la OEA.
Para analizar la situación venezolana, se ha citado a una reunión para este martes del Consejo Permanente.
Repercusiones del informe de la OEA
Este segundo informe produjo reacciones inmediatas. Por ejemplo, el Washington Post, principal diario de la capital norteamericana y uno de los más importantes del país, en editorial, acusó al gobierno de Obama de haber ignorado las denuncias anteriores de Almagro, y, junto con los países latinoamericanos, haber respaldado una misión de mediación para promover el diálogo entre gobierno y oposición, como si este fuera una solución. Acusa al anterior gobierno de haber presionado fuertemente a la oposición venezolana para negociar con el régimen. “Como el señor Almagro vívidamente describe, la iniciativa fue un abyecto fracaso”, concluyó el editorial.
Al mismo tiempo, de 14 países de la OEA, incluyendo a Colombia y a Estados Unidos, dieron a conocer una declaración en la que consideran urgente “la liberación de prisioneros políticos, el reconocimiento de la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional (…) y el establecimiento de un calendario electoral”. Esa declaración sería discutida el martes, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente.
Se puede considerar que otro avance, producto de la nueva presión sobre el régimen de Maduro, es el de que haya aceptado solicitar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ayuda para solucionar el problema de escasez de medicamentos. La Directora de este programa Jessica Faieta estuvo en Caracas y se reunió con el Presidente. Anteriormente, por orgullo y terquedad para no reconocer los problemas existentes, se había negado a recurrir a organismos internacionales.
En conclusión, gracias al informe del Secretario General de la OEA, la presión sobre el gobierno venezolano ha aumentado y los ojos de la comunidad internacional están mucho más vigilantes.
La reacción del gobierno venezolano
El presidente Nicolás Maduro y su canciller reaccionaron airadamente frente al informe de la OEA: insultaron a Almagro, y lo acusaron de estar aliado con el régimen norteamericano para prolongar “la guerra económica y política” contra su país y para promover una invasión a Venezuela.
De acuerdo con publicaciones del diario El Universal de Caracas, la canciller Rodríguez calificó el informe como una actuación “ilícita, unilateral, arbitraria, desviada y parcializada” de parte del ex canciller uruguayo, Luis Almagro, a quien acusó de mantener “desviaciones políticas al servicio de los intereses imperiales”.
Aseveró que dicha intervención no solo es para “derrocar” el gobierno constitucional del presidente venezolano Nicolás Maduro, “sino para desarrollar un esquema de intervención complejo, es decir, no solamente para implantar otro gobierno para satisfacer las aspiraciones de los sectores opositores” sino también para “permitir que la intervención desarrolle todos los cometidos que se propone”.
La canciller venezolana “alertó” sobre “las graves consecuencias y peligros que se ciernen sobre la vigorosa democracia venezolana y su exitoso modelo de derechos humanos”… Advirtió que “desestabilizar Venezuela tendrá efectos más allá de nuestras fronteras, y pesará fuertemente sobre la vida regional y el devenir histórico de la Patria Grande”.
Finalmente, solicitó que se suspenda la reunión de la OEA citada para mañana martes.
En lo que se refiere a la carta de los 14 países, suscrita entre otros por Colombia, no hay que hilar muy delgado para considerar que la invasión de los uniformados venezolanos al margen colombiano del rio Arauca tuvo como finalidad hacer una “advertencia” y aumentar las tensiones internacionales.
Otras reacciones frente a la carta han sido más suaves y han estado dirigidas a tratar de convencer a algunos de los países firmantes sobre las intenciones “nefastas” de Almagro y los peligros de que los países hemisféricos no muestren solidaridad frente al régimen venezolano. Han solicitado que continúen recomendando la vía del diálogo entre el gobierno y la oposición.
¿Se expulsará a Venezuela?
Reunir los votos necesarios para iniciar los pasos conducentes a la suspensión de Venezuela de la OEA resultará difícil: en América del Sur, por lo menos, Bolivia y Ecuador son muy cercanos a Maduro y continuarán apoyándolo. En Centro América, Nicaragua y El Salvador tienen regímenes que comparten ideologías. En el Caribe, Venezuela fue enormemente generosa, mientras pudo, en materia de suministros subsidiados de petróleo, a plazos larguísimos. Tiene una gran deuda con su gobierno. En Estados Unidos, de otra parte, el presidente Trump está distraído buscando afianzar su propia agenda y el apoyo por parte del Congreso para sus futuras iniciativas, después del fracaso sufrido en el trámite de la ley que buscaba modificar los seguros de salud. El secretario de Relaciones Exteriores, Rex Tillerson, está muy recién posesionado y no cuenta todavía con un equipo propio que lo apoye en los más altos niveles. Conoce Venezuela, como presidente de Exxon tuvo dificultades con el régimen de Chávez y podría ser sensible a los problemas políticos, internacionales y humanitarios de ese país, pero sus prioridades, en este momento, están en otra parte.
Finalmente, desde el punto de vista práctico, no es claro que la suspensión de Venezuela de la OEA contribuya al fortalecimiento de su democracia. El “ruido” y la vigilancia continuos pueden resultar más útiles para mejorar el respeto a los derechos humanos y a la Constitución, y para convencer a algunos sectores de los partidos que apoyan al régimen, sobre los peligros, para ellos y sus dirigentes, de continuar por el camino del barranco hacia la dictadura total.
[Vía: Revista Semana]
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