El paquete de posibles sanciones económicas contra Venezuela anunciado por el presidente Donald Trump en caso de que el Gobierno imponga una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna podría incluir un veto total a la importación de petróleo de este país al igual que el congelamiento de los activos financieros de personas cercanas al Gobierno, incluido el propio presidente y otros altos funcionarios.

Este martes, la oficina de prensa de la Casa Blanca realizó una teleconferencia en la que, si bien no precisó el alcance de las sanciones, insistió en que “todas las opciones” están sobre la mesa incluido el bloqueo petrolero.

Y durante el día circuló la noticia, movida por la agencia Reuters, sobre una ‘tercera ronda’ de castigo contra allegados a Maduro que podría ser anunciada esta misma semana.

De acuerdo con la agencia, tanto el ministro de defensa Vladimir Padrino López como el expresidente de la Asamblea y actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) serían incluidos en una lista negra que maneja el Departamento del Tesoro, que prevé el congelamiento de todos los activos en EE. UU. y prohíbe cualquier transacción financiera con entidades del país.

Lo cierto es que Trump cuenta con un amplio menú de opciones gracias a una serie de leyes aprobadas por el Congreso de su país en años recientes.

Entre estas, una de diciembre del 2014 que permite sancionar a personas que han provocado violaciones a los derechos humanos y se han visto involucradas en actos de corrupción.

Fue esta, precisamente, la que se usó a comienzos de año para bloquear los activos y decretar la muerte financiera en EE. UU. del vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, la empleada en mayo para castigar a los ocho miembros de la Corte Suprema que avalaron el intento de golpe de Maduro contra la Asamblea Nacional y la que se usaría próximamente.

Así mismo, otras leyes existentes, como la Lista Clinton, le permiten sancionar a personas por vínculos con el narcotráfico y el terrorismo como ya han hecho en el pasado.

Pero los poderes que ha dado el Congreso a la presidencia de EE. UU. también la autorizan a golpear sectores enteros del país si se decreta que hay una amenaza a la seguridad nacional en juego.

Es bajo esa premisa que la administración Trump estudia desde hace algún tiempo un paquete de sanciones entre las cuales se incluye un posible veto total a la importación de petróleo venezolano, al igual que una prohibición contra la petrolera PDVSA para que no pueda realizar transacciones comerciales o negocios en EE. UU.

La decisión final no se ha tomado y depende mucho del curso de los acontecimientos. La Casa Blanca, además, está sopesando el impacto que esto tendría en la población civil en Venezuela y en el mercado de petróleos de EE. UU., pues el país todavía importa un 8 por ciento del crudo venezolano.

Una opción más moderada que también se está considerando es impedir que PDVSA pueda participar en licitaciones para contratos del Gobierno federal en EE. UU. Algo muy parecido a lo que hizo el expresidente Barack Obama entre el 2011 y el 2015.
Lo más probable, a su vez, es que se incluya a un grupo adicional de personas entre las bloqueadas en términos financieros por el Departamento del Tesoro, como a Cabello, Padrino y muchos otros funcionarios.

“Estamos elaborando una robusta lista de personas”, dijo el funcionario de la Casa Blanca durante la teleconferencia.

[Vía: El Tiempo]