El país está obligado a pagar 1.400 millones de dólares a una empresa minera canadiense.
Venezuela tiene más comprometida que nunca su propiedad sobre Citgo, el gigante estadounidense refinador y comercializador de combustible y petroquímicos, y uno de los grandes activos del país en el exterior. La compañía pertenece a Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal, pero el encontrarse en territorio estadounidense el chavismo perdió su control.
Una Corte Federal de Estados Unidos emitió una sentencia que establece que el Estado venezolano deberá pagar a la empresa canadiense especializada en minería Crystallex unos 1.400 millones de dólares o en su defecto verse forzada a una compensación. La compañía tendría la opción de tomar Citgo, uno de los pocos activos genuinamente solventes del país en el momento. Esta circunstancia constituye un golpe para Juan Guaidó en su estrategia por recuperar activos para la República en un escenario de transición hacia la democracia.
Perteneciente al Estado venezolano y a Petróleos de Venezuela desde 1990, Citgo forma parte de los activos que ha podido ir recuperando este año Guaidó, reconocido como presidente interino por la mayoría de los países europeos y americanos y quien, pese a tener muy poco poder en el el país, ha adquirido progresivamente ciertos espacios estratégicos de la República como el exterior. Citgo pertenece hoy a la Asamblea Nacional.
La deuda la hereda Guaidó de los años de esplendor de Hugo Chávez. Crystalex demandó al Estado venezolano después de que el expresidente expropiara sus activos en el año 2008. Citgo fue puesto como garantía por los Gobiernos de Chávez y Maduro en negocios realizados con varias empresas. El exmandatario, sin embargo, no canceló los montos correspondientes a la compañía una vez que quedara fuera del negocio aurífero en el país.
Los técnicos de Juan Guaidó opinan que queda un margen para plantear una estrategia que haga posible la salvación de Citgo. Los críticos de Guaidó han opinado que no cabe esperar una respuesta totalmente leal del Gobierno de Estados Unidos en este trance y que es necesario acudir a otras instancias. El economista Orlando Ochoa comentaba hace poco en Twitter que la decisión de la Corte estadounidense deja establecido que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría impedir que Crystallex tome el control de Citgo si lo considera necesario.
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La ONU exige a Maduro detener las graves violaciones de derechos. Perteneciente al Estado venezolano y a Petróleos de Venezuela desde 1990, Citgo forma parte de los activos que ha podido ir recuperando este año Guaidó, reconocido como presidente interino por la mayoría de los países europeos y americanos y quien, pese a tener muy poco poder en el el país, ha adquirido progresivamente ciertos espacios estratégicos de la República como el exterior. Citgo pertenece hoy a la Asamblea Nacional.
La deuda la hereda Guaidó de los años de esplendor de Hugo Chávez. Crystalex demandó al Estado venezolano después de que el expresidente expropiara sus activos en el año 2008. Citgo fue puesto como garantía por los Gobiernos de Chávez y Maduro en negocios realizados con varias empresas. El exmandatario, sin embargo, no canceló los montos correspondientes a la compañía una vez que quedara fuera del negocio aurífero en el país.
Los técnicos de Juan Guaidó opinan que queda un margen para plantear una estrategia que haga posible la salvación de Citgo. Los críticos de Guaidó han opinado que no cabe esperar una respuesta totalmente leal del Gobierno de Estados Unidos en este trance y que es necesario acudir a otras instancias. El economista Orlando Ochoa comentaba hace poco en Twitter que la decisión de la Corte estadounidense deja establecido que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría impedir que Crystallex tome el control de Citgo si lo considera necesario.
Discrepancias en la oposición, la medida judicial ha reabierto un debate entre las propias filas de la oposición venezolana, en la cual hay puntos de vista discrepantes sobre la estrategia de los técnicos de Guaidó para retener la propiedad venezolana sobre la empresa. El economista Francisco Rodríguez, cercano a la plataforma de Henri Falcón, había sugerido elevar el asunto a Naciones Unidas, ofreciendo a los acreedores un pacto para no embargar activos a cambio de un trato preferencial para reestructurar la deuda.
Algunos asesores cercanos a Guaidó involucrados en la tarea de la recuperación de activos, como el economista Alejandro Grisanti, se han mostrado cautos ante tal posibilidad, argumentando que un gobierno de Guaidó todavía no logra un reconocimiento expreso en estas instancias. Hemos hecho un enorme esfuerzo por salvar Citgo y sentimos que siguen existiendo importantes posibilidades de no perderla. Siempre va a existir una propuesta disponible una vez que las cosas suceden.
La polémica ha salpicado al propio procurador General de la República designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, un abogado y consultor de prestigio, a quienes algunos sectores han criticado por haber trabajado como abogado de Crystallex. Por tanto, por tener un conflicto de intereses en detrimento de la República. Los técnicos de Guaidó afirman que Hernández se había inhibido de participar en el contencioso para conjurar cualquier especulación.
Jorge Antonio Rodríguez, dirigente nacional del partido Avanzada Progresista, especialista en Finanzas y Negocios Internacionales, ha solicitado directamente la destitución de Hernández por parte de la Asamblea Nacional y ha criticado con dureza la estrategia del equipo de Guaidó para retener Citgo. Hicimos reiteradas advertencias en este tiempo en torno a la inconveniencia del nombramiento del señor Hernández como procurador, se les subrayó a los diputados los conflictos de interés existente. Rodríguez se ceba muy especialmente en la soberbia que habría primado en el equipo de economistas cercano a Guaidó, liderado por Ricardo Haussmann, académico de la Universidad de Harvard, renuente a escuchar otras alternativas para la defensa de este activo fundamental en la economía venezolana.
La tutela venezolana sobre Citgo pende en este momento de un delgado hilo: mientras estén vigentes las sanciones en contra de Venezuela, el Departamento del Tesoro deberá emitir una licencia para dar luz verde a la adquisición. Eso es lo que impide, de momento, que Crystallex proceda con la toma de la corporación petrolera.
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