La Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros se elegirán el próximo 30 de julio, polarizó como nunca a Venezuela. Mientras el Gobierno de Nicolás Maduro insiste en que cambiar la Constitución es la vía para solucionar la crisis del país vecino, la oposición, soportada por la iglesia, los empresarios y hasta el ala crítica del chavismo, apuntan que se trata de un “arma mortal para la democracia”.

Según afirma Carlos Romero, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, justamente la fuerza que alcanza este último sector político augura verdaderos obstáculos para el proyecto del mandatario, que contrario a lo que la Carta Magna venezolana plantea (la decisión de una constituyente se somete al voto popular), lanzó la iniciativa por decreto presidencial, con la particularidad de que la Asamblea Nacional no estará conformada por partidos políticos, sino por la “clase obrera, indígenas, comunas, misiones y otros representantes de gremios”.

De acuerdo con el analista, si las bases de la convocatoria son una especie de “anticristo” entre la oposición, para los chavistas más apegados a las ideas del fallecido Hugo Chávez resultaron siendo una “afrenta”.

Luisa Ortega, fiscal general de Venezuela, se consolidó como la líder de esa disidencia. En dos días pidió abrir un juicio contra ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y anular el nombramiento de 33, a quienes acusa de romper el orden constitucional y abusar de su poder por la forma como convocaron a la constituyente.

Aunque su pedido no ha encontrado espacios para hacerse efectivo, en parte porque los tribunales venezolanos están permeados por el oficialismo, que su propia plataforma política la llame “traidora” confirma que la funcionaria ha logrado incomodar a los círculos cercanos a Maduro, deslegitimar la constituyente y dejar en evidencia las fracturas del chavismo.

Juan Andrés Mejía, diputado opositor venezolano, dice que su sector le da la bienvenida a la actitud de Ortega, y alerta que un séquito de chavistas se están sumando a esa posición: Cliver Alcalá, Miguel Rodríguez y Alexis López, exfuncionarios de Chávez quienes rechazaron la Constituyente por destruir el legado del expresidente. Al tiempo que se confirmó la renuncia del mayor general Alexis Ramírez a la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación por su desacuerdo, también hay rumores que lo mismo podría suceder con el jefe de la Fuerza Armada Nacional, Vladimir Padrino.

De hecho, según Mejía, “es muy difícil que se lleve a cabo la Constituyente”, en la medida en que la oposición, ahora aliada con los chavistas disidentes, pueden hacer uso de mecanismos que están en la norma para impedirlo: “la protesta, que vamos a intensificar mientras nos acerquemos al 30 de julio, y la presión nacional e internacional”.

En esas posibilidades también cree Romero, pero a ellas suma las rupturas dentro de las fuerzas armadas, “que aún no se han manifestado del todo, pero que podrían ser muy desestabilizadoras para el régimen”, y las decisiones casi vinculantes de la comunidad internacional (OEA, ONU y países vecinos), que tampoco se han cristalizado, pero que llevarían a Maduro a desestimar el proyecto de la constituyente o a usarlo como una pieza de retorno a la democra.cia.

La Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros se elegirán el próximo 30 de julio, polarizó como nunca a Venezuela. Mientras el Gobierno de Nicolás Maduro insiste en que cambiar la Constitución es la vía para solucionar la crisis del país vecino, la oposición, soportada por la iglesia, los empresarios y hasta el ala crítica del chavismo, apuntan que se trata de un “arma mortal para la democracia”.

Según afirma Carlos Romero, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, justamente la fuerza que alcanza este último sector político augura verdaderos obstáculos para el proyecto del mandatario, que contrario a lo que la Carta Magna venezolana plantea (la decisión de una constituyente se somete al voto popular), lanzó la iniciativa por decreto presidencial, con la particularidad de que la Asamblea Nacional no estará conformada por partidos políticos, sino por la “clase obrera, indígenas, comunas, misiones y otros representantes de gremios”.

De acuerdo con el analista, si las bases de la convocatoria son una especie de “anticristo” entre la oposición, para los chavistas más apegados a las ideas del fallecido Hugo Chávez resultaron siendo una “afrenta”.

Luisa Ortega, fiscal general de Venezuela, se consolidó como la líder de esa disidencia. En dos días pidió abrir un juicio contra ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y anular el nombramiento de 33, a quienes acusa de romper el orden constitucional y abusar de su poder por la forma como convocaron a la constituyente.

Aunque su pedido no ha encontrado espacios para hacerse efectivo, en parte porque los tribunales venezolanos están permeados por el oficialismo, que su propia plataforma política la llame “traidora” confirma que la funcionaria ha logrado incomodar a los círculos cercanos a Maduro, deslegitimar la constituyente y dejar en evidencia las fracturas del chavismo.

Juan Andrés Mejía, diputado opositor venezolano, dice que su sector le da la bienvenida a la actitud de Ortega, y alerta que un séquito de chavistas se están sumando a esa posición: Cliver Alcalá, Miguel Rodríguez y Alexis López, exfuncionarios de Chávez quienes rechazaron la Constituyente por destruir el legado del expresidente. Al tiempo que se confirmó la renuncia del mayor general Alexis Ramírez a la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación por su desacuerdo, también hay rumores que lo mismo podría suceder con el jefe de la Fuerza Armada Nacional, Vladimir Padrino.

De hecho, según Mejía, “es muy difícil que se lleve a cabo la Constituyente”, en la medida en que la oposición, ahora aliada con los chavistas disidentes, pueden hacer uso de mecanismos que están en la norma para impedirlo: “la protesta, que vamos a intensificar mientras nos acerquemos al 30 de julio, y la presión nacional e internacional”.

En esas posibilidades también cree Romero, pero a ellas suma las rupturas dentro de las fuerzas armadas, “que aún no se han manifestado del todo, pero que podrían ser muy desestabilizadoras para el régimen”, y las decisiones casi vinculantes de la comunidad internacional (OEA, ONU y países vecinos), que tampoco se han cristalizado, pero que llevarían a Maduro a desestimar el proyecto de la constituyente o a usarlo como una pieza de retorno a la democracia.

[Vía: El Colombiano]