Respaldada por los 7,2 millones de personas (de un total de 19,5 millones de habilitados para votar) que respondieron al llamado contra el presidente Nicolás Maduro y a favor de unas elecciones libres y un gobierno de unión nacional, la oposición asegura que la lucha entra ahora en una nueva etapa.

A la espera de que este lunes se anuncien las decisiones del liderazgo opositor tras la consulta autogestionada del domingo, el diputado José Manuel Olivares abrió la posibilidad de concederle un breve tiempo al gobierno para la reflexión.

Mientras, el líder opositor Henrique Capriles, doble candidato presidencial y gobernador del estado Miranda, fue exigente y directo en su reclamo.

“Tras esta contundente manifestación pacífica, constitucional y democrática, lo que debería hacer Maduro es cancelar la Constituyente en las próximas horas”, afirmó el domingo.

Las tres preguntas planteadas en la consulta popular:

¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?

¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

¿Aprueba la renovación de los poderes públicos así como la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional?

Sin embargo, a tenor de las declaraciones del gobierno, no parece factible que eso vaya a suceder.

El diputado oficialista Héctor Rodríguez tildó de “fracaso” la consulta popular. El ministro de Información, Ernesto Villegas, la llamó “encuesta”; y el presidente Maduro, “consulta interna”. Todos ellos aseguraron que el simulacro de la elección de la Asamblea Constituyente del 30 de Julio, que se celebró también el domingo fue un éxito.

Unos instan a los otros a escuchar las calles, pero oposición y gobierno no parecen dispuestos a escucharse mutuamente.

Por ello, los intentos de negociación y los reclamos de Capriles y otros no parecen realistas.

En el caso ya previsto de que no haya acercamientos, la oposición tiene planteada la llamada “hora cero”.

Hasta el momento apenas se dieron detalles de qué es, pero a la espera de los anuncios de este lunes, hay pistas. Y no son esperanzadoras en un país que lleva tres meses y medio de protestas y con casi 100 muertos.

La última víctima cayó el domingo: una mujer abatida cerca de un punto de votación presuntamente por los disparos de unos motorizados que la oposición califica de “paramilitares del gobierno”.

Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, vota en Plaza Brión de Chacaito, en Caracas

“Es de esperar una escalada de conflicto político al nivel más alto de los últimos 18 años: la hora cero”, afirmó en televisión la noche del domingo Edgard Gutiérrez, encuestador y consultor político cercano a la oposición.

“La hora cero no es fácil y podría provocar la radicalización del lado oficial. Serán días difíciles”, presagió Gutiérrez, sin dar más detalles.

“La hora cero es calle para defender un mandato popular, para defender la voluntad soberana, que radica en el pueblo”, dijo el diputado Olivares sin precisar en qué se diferenciará de esa presencia en las calles que ya es constante desde que a finales de marzo dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le quitara poderes a la Asamblea Nacional, el parlamento, de mayoría opositora.

Precisamente la oposición logró en su consulta casi tanto apoyo en número que en la votación oficial de las legislativas de 2015, donde triunfó con 7,7 millones de votos.

Desde entonces y hasta este domingo no había habido en Venezuela ningún otro proceso electoral: el Comité Nacional Electoral (CNE) suspendió el referendo revocatorio al mandato de Maduro el año pasado. Los comicios regionales, que deberían haberse celebrado en diciembre de 2016, se pospusieron hasta este próximo diciembre.

Más presión

Otro diputado opositor, Miguel Pizarro, insiste en la idea de mantener las protestas en la calle, pero no sólo eso.”Parte de lo que viene ahora es aumentar la presión de calle, institucional e internacional”, dijo uno de los jóvenes líderes opositores más pujantes, que cree que la consulta y la participación les da mayor legitimidad en su lucha.

Impedir la Asamblea Constituyente se ha convertido en una “lucha existencial” para la oposición, que considera que si se instala, la Constituyente, con poder absoluto y controlada por el oficialismo, ahogará las pocas ventanas de combate que le quedan.

Se inicia por tanto una cuenta atrás en la que no sólo habrá más protestas callejeras o presión internacional.

En la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y que pronto podría ser disuelta por la plenipotenciaria Constituyente, hay previstas importantes decisiones.

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“Vamos a nombrar a los magistrados del TSJ que nos corresponden y a los dos rectores del CNE (Consejo Nacional Electoral) con mandato vencido”, avanzó Olivares sobre las funciones del parlamento recogidas en la Constitución.

Dos Estados

Esas decisiones serán seguramente anuladas por el TSJ, que considera al parlamento en desacato, pero acelerarán la deriva que se percibe en las últimas semanas: la formación de un “paraestado”, como lo llama el gobierno, o un Estado paralelo.

Como resultado de la lucha de poderes y del desconocimiento que permite el artículo 350 de la Constitución, en Venezuela en este momento ya hay dos vicefiscales generales. Y el país está pendiente de una posible destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, ahora enemiga del gobierno.

Ortega, que no reconoce a la vicefiscal que le impuso el TSJ ni al alto tribunal, no parece que vaya a ceder su sillón en caso de que sea destituida en un extraño proceso.

La fiscal considera ilegítimos a varios magistrados del TSJ que serían ahora renovados por el parlamento.

En agosto, cuando se forme la Constituyente plenipotenciaria, sesionará en el mismo edificio que la Asamblea Nacional sobre la que pende la amenaza de la disolución.

En definitiva, una duplicidad de mandatos y poderes y un desconocimiento mutuo que puede llevar la tensión en Venezuela hasta casi el punto de ruptura.

[Vía: El Nacional]