El Arco Minero del Orinoco es un gigantesco proyecto que abarca casi 12% del territorio venezolano. Tiene cerca de 7.000 toneladas de reservas. Es una fuente inagotable de riquezas para Nicolás Maduro y sus aliados en todo lo atinente a la explotación de oro, diamante, coltán, hierro, bauxita, entre otros minerales preciosos.

El proyecto tiene principalmente como inversionistas a empresas chinas, turcas y rusas. Este “plan oro” le daría al régimen de Maduro ingresos por más de 5.000 millones de dólares anuales.

Un empresario minero declaró que con la llegada de contratistas, en su mayoría de militares retirados o civiles relacionados con el alto gobierno, este plan comenzó a mancharse de corrupción e irregularidades. Añadió que la minería está llena de trampas y conflictos.

El modelo de negocio lo encarna un grupo de inversionistas privados, asentado principalmente en el sector Nacupay de El Callao. Allí fue creado el Complejo Industrial Aurífero Domingo Sifontes, que preside Eduardo Ribas, vinculado a la familia presidencial Maduro-Flores. Tiene una capacidad de producción que va de 50 a 80 kilos de oro mensual.

Los habitantes de Bolívar están completamente en contra de la minería. Desde la Asamblea Nacional se ha denunciado que en la región se perpetra un crimen ecológico además de la operación de mafias y grupos paramilitares.

A los empresarios, en alianza con el Estado, se les permite procesar lo que se conoce como material secundario, es decir, todas las arenas auríferas sobrantes acumuladas por décadas de los molinos legales o ilegales que ya han sido manipulados.

El control del Estado es mayor gracias a la Oficina de Fiscalización Minera, la cual emite una ruta de movilización para el traslado de las barras de oro desde las instalaciones de las empresas hasta el centro de acopio. Pero en el Complejo Domingo Sifontes nadie sabe en realidad cómo, para dónde y cuánto llega realmente a las arcas de la nación.

El Callao queda a 15 horas de Caracas. Allí comenzó la fiebre del oro en 1870. Hoy en día el pueblo está convulsionado con cerca 21.769 habitantes y cientos de negocios informales.

Carmen Julia Solórzano se mudó junto con su familia para El Callao. La vida nos cambió, pasamos de ser profesionales con cierta calidad de vida a convertirnos en mineros obligados por un gobierno al que se le olvidó su pueblo.

Comenta que hay toda una cadena de corrupción en la que cohabitan los grupos armados con los militares. En las minas se controla todo lo que entra y sale y se tiene que pagar porcentajes por cualquier actividad realizada.