Varios países latinoamericanos están analizando la posibilidad de pedir a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al Gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Para mí no cabe ninguna duda de que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos”, manifestó hace unos días el presidente de Argentina, Mauricio Macri, avanzando una acción con varios socios de la región. El primero en hablar de ella, no obstante, fue el Gobierno peruano de Martín Vizcarra en julio.

Nunca en la historia de la CPI un Estado ha denunciado a otro. Y en este caso serían varios los que lo harían.

¿Qué países se han pronunciado?

Macri aseguró que respaldan la iniciativa los presidentes de Colombia, Iván Duque; Chile, Sebastián Piñera; y Paraguay, Mario Abdo Benítez.

El canciller peruano, Néstor Popolizio, habló ya en julio de una acción conjunta. Como base, “existe un informe de expertos solicitado por la OEA sobre la violación de derechos humanos en Venezuela con ejecuciones extrajudiciales que se imputan al régimen chavista. Además, están los pronunciamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas en derechos humanos”, dijo.

Informe de expertos pedido por el secretario general de la OEA

En mayo, tres juristas internacionales seleccionados por Luis Almagro para investigar la situación en Venezuela presentaron un informe de 400 páginas que denuncia ejecuciones extrajudiciales en el marco de protestas contra el Gobierno de Maduro, casos de tortura y violencia sexual y detenciones arbitrarias que en casos llevaron a “desapariciones forzosas”. Aseguraron que hay un “ataque generalizado y sistemático” con intención política y pidieron denunciar al Gobierno de Maduro a la CPI.

¿Quién más se ha pronunciado?

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sugirió en junio que la corte debe investigar. “Dado que el Estado (venezolano) parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia”, dijo.

¿Por qué se acude a ese tribunal?

La CPI, con sede en La Haya (Holanda), es un tribunal de Justicia internacional permanente cuya labor es juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. No pertenece al sistema de la ONU, pero tiene un acuerdo con él. Creado por el Estatuto de Roma, comenzó a operar en 2003. Tiene competencia en los países que ratificaron el tratado -que son los que pueden denunciar y ser denunciados-. Venezuela fue el primero de Latinoamérica en ratificarlo.

¿Hay denuncias previas contra Venezuela ante la CPI?

La fiscalía de la CPI abrió en febrero un examen preliminar por crímenes supuestamente cometidos desde al menos 2017 en el marco de las manifestaciones y los disturbios políticos. No es una investigación, sino una fase que puede llevar a ella o no. “El propósito es determinar si existe base razonable para proceder con una investigación”, dijeron fuentes de la CPI a dpa. “Eso requiere un estudio de jurisdicción, de actuaciones nacionales, gravedad de los presuntos crímenes y del interés de la justicia”.

La oficina de la fiscal, Fatou Bensouda, evalúa actualmente la información, tanto la pública como la remitida a La Haya. Entre quienes han remitido información está la destituida fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, y un grupo de legisladores latinoamericanos. Almagro envió el informe de los juristas.

“La remisión de un Estado no conduce automáticamente a la apertura de una investigación”, indicaron a dpa las fuentes de la CPI. Tampoco es preciso para que la fiscalía decida abrirla. Pero si al concluir el examen preliminar considera que se cumplen todos los requerimientos del Estatuto de Roma, la remisión de un Estado podría acelerar la apertura de una investigación, dijeron.

¿Cuáles podrían ser las implicaciones negativas de una denuncia?

Geoff Ramsey, investigador sobre Venezuela de WOLA, organización que promueve los derechos humanos en América, considera que Macri y los demás presidentes sentarían un “impactante precedente” refiriendo el caso a la CPI. “Sentar el precedente les haría vulnerables al mismo proceso”, advierte.

Además, apunta a posibles efectos negativos sobre una posible solución a la situación venezolana.

“Quienes siguen la crisis en Venezuela entienden que debe haber algún tipo de incentivo para Maduro para resolverla, una especie de rampa de salida”, dice, y lanza una pregunta: “¿Qué podría llevar a Maduro a dejar el poder si teme ser arrestado por crímenes contra la humanidad?”.

DPA