La oposición de Venezuela anunció el lunes la convocatoria de un plebiscito simbólico el 16 de julio para dar a los venezolanos la oportunidad de rechazar los planes del presidente Nicolás Maduro de reescribir la constitución.

El anuncio del plan representa una escalada dramática en los esfuerzos de la oposición para combatir la propuesta de Maduro. La consulta se realizará dos semanas antes de la fecha propuesta por el mandatario y avalada por las autoridades electorales para que los venezolanos acudan a las urnas para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente a cargo de cambiar la constitución de 1999.

La oposición argumenta que la convocatoria de la Asamblea es inconstitucional debido a que el gobernante evitó convocar un referendo aprobatorio por adelantado.

“Una vez que el pueblo venezolano haya decidido, nosotros haremos respetar su soberana sentencia”, dijo el diputado opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional.

La intención de esta medida sería respaldar con cifras lo que ya se manifiesta en las calles: el rechazo de la mayoría de los venezolanos a la gestión de Maduro, a su proyecto de redactar una nueva carta magna y la exigencia de elecciones. El plebiscito también tendría como propósito sumar el respaldo de los venezolanos a la propuesta de renovar “los poderes públicos que se encuentran al margen de la constitución”, agregó Borges en alusión a las sentencias que desde comienzo del 2016 el Tribunal Supremo de Justicia ha bloqueado al congreso y un conjunto de fallos recientes en contra de la fiscal general y sus acciones judiciales.

Entre los fallos favorables al gobierno de Maduro o sus más cercanos colaboradores figura la sentencia del lunes que otorgó un “amparo” al mayor general Antonio Benavides, que fungió hasta finales de junio como comandante de la Guardia Nacional.

El Tribunal anuló la citación de Benavides a comparecer ante la Fiscalía el 6 de julio.

El militar fue acusado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos por las acciones represivas de los cuerpos de seguridad durante las protestas antigubernamentales que casi a diario azotan al país desde marzo y que han dejado al menos 75 muertos así como cientos de detenidos y unos 1.400 heridos.

En un acto previo, la Asamblea Nacional de Venezuela desafió al máximo tribunal al confirmar la designación del vicefiscal general Rafael González y denunciar que el fallo en contra de su nombramiento violó la carta magna y usurpó funciones del Legislativo.

La ley del Ministerio Público señala que dentro de las atribuciones del fiscal general está elegir a los funcionarios que lo acompañan y es potestad del Congreso aprobarlo o no, indicó la fiscal general Luisa Ortega Díaz al solicitar a los legisladores la ratificación de González.

La sentencia que anuló la semana pasada la designación de González fue vista como una retaliación contra Ortega Díaz, quien se opuso al proceso de reforma de la constitución impulsado por el mandatario y denunció una ruptura del hilo constitucional cuando la Corte intentó asumir en marzo las competencias del Congreso.

El Tribunal Supremo, integrado por magistrados en su mayoría afines al gobierno, comenzó en junio un proceso contra la fiscal por el supuesto incumplimiento de sus funciones, entre otras supuestas “faltas graves”. Ortega Díaz ha sido catalogada de “traidora” por Maduro y otros funcionarios. El máximo tribunal también le prohibió salir del país, enajenó sus bienes y congeló sus cuentas bancarias mientras se decide su caso.

El diputado opositor Stalin González afirmó que no puede ser que “cada vez que un funcionario le es incómodo al gobierno se hace uso del Poder Judicial para callarlo, enjuiciarlo y liquidarlo”.

Ortega Díaz, quien ha dicho que desconocerá los fallos del Tribunal por considerar que violan la carta magna, fue citada para el 4 de julio a una audiencia pública en la que deberá presentar sus alegatos junto a otros funcionarios.

[Vía: El Nuevo Herald]