Víctimas y activistas denunciaron este jueves ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la “tortura sistemática” del Gobierno de Nicolás Maduro a los detenidos por motivos políticos, en la primera audiencia sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
“Estoy aquí para que se haga justicia, porque sé que nada va a devolverle la vida, y para que su nombre quede limpio como ese gran ser humano que fue”, se presentó la venezolana Johanna Aguirre, que perdió a su marido, José Alejandro Márquez, hace tres años.
En su camiseta, el rostro estampado de su esposo, y en su voz, el temblor al recordar los duros tres días que pasaron entre su detención por la Guardia Nacional de Venezuela y su muerte por traumatismo craneoencefálico en una clínica privada.
Márquez, ingeniero, participaba en una protesta antigubernamental cuando un agente le pidió que le entregara el celular con el que estaba grabando la actuación policial. Él se negó y en su huida corriendo se cayó y se golpeó la cabeza, tras lo cual le detuvieron.
“Fue golpeado brutalmente, los golpes fueron los que ocasionaron su muerte y no una caída como se trataba de hacer ver en la autopsia inicial”, relató Aguirre al término de la primera de las audiencias con las que la OEA determinará si hay fundamento para denunciar al Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Fue golpeado brutalmente, los golpes fueron los que ocasionaron su muerte y no una caída como se trataba de hacer ver en la autopsia inicial
Su testimonio fue el más emotivo de los cuatro que se presentaron este jueves ante el exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado en julio pasado como asesor especial para crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El jurista recordó al abrir la audiencia que el elemento de “jurisdicción territorial está satisfecho”, ya que Venezuela es miembro del Tratado de Roma (base de la CPI) desde diciembre del 2002.
La OEA informó que la delegación de Venezuela fue invitada a participar de la audiencia, aunque la representación del país no estuvo presente en la sesión del jueves.
La presencia de las víctimas es fundamental. Detrás de cada cifra, de cada caso citado, hay una tragedia humana, una vida, una familia con cicatrices profundas que no se borran
Esta semana, la delegación venezolana se quejó ante el Consejo Permanente de que los países miembros de la OEA no aprobaron un mandato para la realización de las
audiencias.
En total se realizarán por lo menos tres audiencias públicas para reunir la información, la cual analizará un grupo de expertos antes de emitir una conclusión a fines de octubre.
En una intervención más técnica, el coordinador internacional de la ONG venezolana Foro Penal, Julio Henríquez, explicó cómo contabilizan el número de presos políticos -676 según su último balance-, una lista que avala la Secretaría General de la OEA.
“Hay tres grupos, los que quieren sacar de la política; el más amplio, el de quienes buscan ejercer sus derechos civiles y políticos, y un tercero, para justificar la narrativa y propaganda política”, explicó.
En el mismo sentido se pronunció la abogada Tamara Suju, que detalló los tipos de tortura más frecuentes. “Desde la tortura psicológica hasta la física. Violencia sexual. Muchos han rebajado entre 15 y 35 kilos”, relató.
En la sesión del jueves además de Aguirre, participaron representantes de la sociedad civil, como el grupo no gubernamental Foro Penal Venezolano.
Para este viernes está prevista la participación de tres militares venezolanos en retiro: el general Hebert García Plaza, el teniente coronel José Arocha y el capitán Igor Buitrago.
Si concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEAque son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya (Holanda).
El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron conformar un grupo de países amigos para una futura negociación que ponga fin a la grave crisis, informó el presidente de República Dominicana, Danilo Medina.
“Se acordó una comisión de países amigos que fungirán como una comisión de seguimiento: México, Chile, Bolivia y Nicaragua”.
[Vía: El Tiempo]
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