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Tras perder la mayoría, el gobierno eligió a13 nuevos magistrados con credenciales más políticas que judiciales; el 29 de marzo, siete de ellos aprobaron la disolución del Congreso
Los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela tienen una coincidencia en sus currículos. La mayoría han ejercido cargos como diputados, ministros, candidatos electorales y militantes del partido del gobierno.
Esta elección de los 13 nuevos magistrados (y 22 suplentes) fue la respuesta “exprés” que dio el gobierno ante las últimas elecciones legislativas, en las que la oposición ganó la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional.
Una comisión especial de la Asamblea Nacional denunció 51 irregularidades en la asignación de los nuevos magistrados. Pero el mismo Tribunal Supremo de Justicia desestimó el informe.
Según una investigación de la ONG Transparencia Venezuela, de los siete magistrados que firmaron el pasado 29 de marzo la disolución de la Asamblea Nacional, sólo uno cuenta con credenciales mínimas para ejercer como juez del TSJ. Se trata de Carmen Zuleta, magistrada y coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género. Además de ser doctora graduada en la Universidad de Boloña, en Italia, y en La Sorbona, de París.
Calixto Ortega es uno de los magistrados más cuestionados. Ortega fue uno de los diputados con mayor trayectoria en las filas del llamado chavismo desde el 2005. Además ejerció como diplomático en Europa y Estados Unidos. En el 2013 fue declarado como persona “non grata” por la administración estadounidense. Su presencia era una constante en los actos públicos y políticos de Hugo Chávez.
Gladys Gutiérrez fue una de las políticas de confianza de Hugo Chávez.Luego trabajó como cónsul y embajadora de Venezuela en España, y uno de sus cargos más comprometidos con el gobierno actual lo ejerció como abogada del Estado.
Y en el caso de Luis Fernando Damiani, en su currículo se detalla una larga trayectoria como juez suplente y profesor universitario. En su recorrido académico está muy implicado en la dirección de la Universidad Bolivariana de Venezuela, una institución que Hugo Chávez creó para dar más oportunidades de estudios universitarios a los venezolanos.
Otros de los magistrados más criticados son Lourdes Suárez Anderson y Juan José Mendoza. En el primer caso, Suárez es hermana de un fiscal que murió tras sufrir un atentado. Mientras la familia sostenía que el gobierno de Chávez estaba implicado, ella fue la única que aceptó la versión oficial. En el caso de Mendoza, éste fue electo como diputado del partido oficialista hasta el 2010, y luego fue asignado a cargos medios en el Tribunal Supremo de Justicia.
El ‘realismo jurídico’ de Carl Schmitt fue la teoría político-jurídica que justificó el ejercicio de poderes ilimitados por parte del Tercer Reich; y es, por tanto, incompatible con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho”.
El presidente, ex convicto
En 1987, cuando Moreno se desempeñaba como policía de inteligencia fue acusado por la muerte de un joven en Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Él y otros dos funcionarios fueron encarcelados, pero logró salir en libertad poco tiempo después. Dos años más tarde, en 1989, mientras trabajaba como oficial de la policía política, Moreno fue señalado nuevamente por homicidio, esta vez del joven Rubén Gil Márquez durante un tiroteo ocurrido en el centro de Caracas. Luego de esto, Moreno fue destituido de la policía política y volvió a prisión, aunque al poco tiempo salió nuevamente en libertad.
Tras estos episodios, Moreno decidió comenzar a estudiar derecho, y terminó trabajando como secretario de juzgado y finalmente como juez. En el 2007 fue destituido de su cargo por irregularidades y previamente había sido denunciado por otros jueces por formar parte de una red de funcionarios corruptos.
Cuando Nicolás Maduro ejercía de Canciller le asignó como cónsul en Roma y luego en el 2014 volvió a ser aceptado como magistrado. Desde entonces ha dictado sentencias polémicas como la que avaló la condena a casi 14 años de cárcel contra Leopoldo López o la que negó a España la extradición del etarra José Ignacio De Juana Chaos, alegando que no sabía sí estaba en el país.
A la espera
El abogado José Ignacio Hernández explica a través de Prodavinci que el camino no será nada sencillo. Para destituir a un magistrado es necesario llevar a cabo un procedimiento que cuenta con dos etapas: “1) La primera fase requiere que el Consejo Moral Republicano califique que los magistrados han incurrido en algunas de las causales de “falta grave”. 2) Si el Consejo aprueba la existencia de una falta grave, informará de su decisión a la Asamblea Nacional, la cual convoca una sesión plenaria para escuchar al magistrado y resolver inmediatamente sobre la remoción planteada.
Pero el experto judicial asegura que no es de extrañar que, en el enrarecido clima institucional de Venezuela, la decisión de la Asamblea Nacional de remover a los magistrados de la Sala Constitucional sea a su vez anulada por los propios Magistrados de esa Sala. “Y así sucesivamente. Venezuela, entonces, quedaría sumida en una frecuencia de inconstitucionalidades que, como la biblioteca de Babel, sería infinita”.
[Vía: La Vanguardia]
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