El gobierno venezolano enfrentaba este martes el reclamo de la comunidad internacional para que aclare la muerte de un concejal opositor que, asegura, se suicidó en prisión, pero que según sus copartidarios fue asesinado.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó una “investigación transparente” sobre las circunstancias del deceso de Fernando Albán, ocurrido el lunes en los temidos calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas.

Albán había sido detenido el viernes cuando regresaba de Nueva York, acusado de la explosión de un dron cargado con C-4 cerca de la tarima donde el presidente Nicolás Maduro daba un discurso, el 4 de agosto.

“El Estado tenía la obligación de garantizar su seguridad, su integridad personal (…). Nosotros pedimos una investigación transparente para clarificar las circunstancias de su muerte”, ya que existen “informes contradictorios sobre lo ocurrido”, declaró este martes una portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa en Ginebra.

Según el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, de línea oficialista, Albán “solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez”. Esperaba para ser trasladado a los tribunales, de acuerdo con el gobierno.

Pero el partido del concejal de Caracas, Primero Justicia, denunció que se trató de un “asesinato”.

“¡Asesinos!”, escribió en Twitter el diputado y fundador de la colectividad, Julio Borges, vinculado por el gobierno al presunto atentado y exiliado en Colombia.

Según Borges, el cuerpo de Albán “fue lanzado sin vida desde el edificio del Sebin”, por lo que prometió seguir luchando para lograr la “salida de la dictadura” y “hacer pagar a estos criminales por el daño que han hecho”.

Maduro no se ha referido al tema.

– “Estaba sereno” –
La Unión Europea (UE) se sumó a las exigencias de una “investigación exhaustiva e independiente para aclarar las circunstancias de la trágica muerte”, la segunda de un opositor preso en el último año.

“Esperamos que el gobierno venezolano respete los derechos humanos de todos los detenidos”, indicó en un comunicado la oficina de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que urge también a la liberación de “todos los presos políticos”.

La Arquidiócesis de Caracas, a cuya labor social estuvo vinculado el concejal, planteó dudas sobre la versión del suicidio.

“Hasta ayer (domingo) se conoció que estaba sereno y tranquilo. Inclusive, envió directrices a su equipo para que se mantuviese trabajando en favor de los pobres”, subrayó en un comunicado la Arquidiócesis, fuerte crítica del gobierno.

El abogado de Albán, Joel García, dijo a periodistas que no pueden afirmar ni negar que se tratara de un suicidio.

“¿Cómo vamos a hablar de suicidio si es una persona que se acaba de morir? (…) Lo primero que cualquier órgano policial debe decir es que hay una investigación”, sostuvo.

Albán, concejal del municipio Libertador, de Caracas, formaba parte de la treintena de detenidos por el presunto ataque contra Maduro, que dejó siete uniformados heridos.

El mandatario denuncia ese hecho como un “magnicidio en grado de frustración” y responsabiliza como autores intelectuales a Borges y al expresidente colombiano Juan Manuel Santos.

El concejal fallecido había viajado a Nueva York la semana pasada para visitar a sus hijos y acompañó a Borges a Naciones Unidas.

El fiscal anunció una “investigación exhaustiva” para esclarecer las circunstancias del suicidio.

– “¡No es un suicidio!” –
La muerte de Albán se suma a la del también concejal de Primero Justicia Carlos García, quien falleció en septiembre de 2017 por un accidente cardiovascular tras diez meses de detención en los calabozos del Sebin en Guasdualito, estado Apure. El partido denunció que le negaron la atención médica.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, escribió en Twitter que la muerte de Albán es “responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida”.

Mientras, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Bob Corker, quien el lunes se reunió con dirigentes chavistas y opositores en Caracas, señaló que “el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todos entiendan cómo pudo haber sucedido” el deceso del político.

En tanto, con velas en sus manos decenas de personas realizaron una vigilia la noche del lunes en la sede del Sebin para protestar por la muerte de Albán.

“Esto no es suicidio, esto es homicidio”, gritaban, custodiados por agentes policiales.

El cuerpo del concejal fue entregado a sus familiares la noche del lunes. Por ahora se desconoce cuándo serán sus exequias.

En Venezuela hay unos 236 presos políticos, según la ONG Foro Penal.

AFP