El gobierno de los Estados Unidos, anunció que permitirá demandas a compañías cubanas que utilizan propiedades confiscadas por el gobierno tras la Revolución de 1959, en un movimiento que simbólicamente endurece el embargo comercial impuesto hace seis décadas.

La medida limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya son sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. La mayoría de las entidades no tienen vínculo alguno con los sistemas legal o financiero de Estados Unidos, por lo cual la capacidad de presentar demandas es prácticamente simbólica.

“Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gob. de Trump. Prórroga 30 días en el resto de los casos es inaceptable amenaza vs. el mundo”, escribió en Twitter el canciller cubano Bruno Rodríguez.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, señaló a través de su red social que “seguirán apretando las restricciones financieras a los servicios militares e Intel de Cuba”.