La fiscal general de Venezuela pidió el martes que se les retire un beneficio legal a ocho jueces del Tribunal Supremo para poder procesarlos por el supuesto delito de conspiración contra el orden republicano, con lo que escaló su enfrentamiento con el gobierno y la máxima corte.

Luisa Ortega Díaz solicitó un “antejuicio de mérito” contra los seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional para enjuiciarlos por presunta “conspiración contra la forma republicana” de Venezuela.

En el último un año y medio la Sala Constitucional ha tomado más de medio centenar de decisiones contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y se ha convertido en el principal bastión del gobierno en su enfrentamiento con el Legislativo. La corte también ha dado entidad a la reforma de la constitución que impulsa el presidente Nicolás Maduro.

La fiscal general alegó que las sentencias de marzo de la Sala Constitucional en las asumió las competencias del Congreso y limitó la inmunidad de los parlamentarios fueron de tal impacto y magnitud que representaron una “ruptura del orden constitucional”. “Lo que se está buscando es desmantelar el Estado”, agregó a la prensa.

Justamente fueron aquellos dos fallos, luego revertidos, los que desataron la ola de protestas que han dejado al menos 67 muertos, más de 1.300 heridos y cientos de detenidos.

Ortega Díaz también cuestionó un fallo a favor de la Asamblea Nacional Constituyente y sostuvo que con esa decisión se atentó contra la “supremacía constitucional” y la soberanía del pueblo al no convocarse un referendo para llamar a esa asamblea, como lo indica la carta magna.

“Corre peligro la paz y la ciudadanía… Sería la muerte del derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta sala”, indicó la fiscal al anunciar que pidió la separación temporal de los ocho jueces mientras se resuelve su petición.

El vicepresidente Tareck El Assami llamó “indigna” a la fiscal general y dijo en su cuenta de Twitter que de haber sido más diligente en sus funciones “le hubiese evitado al país muertes y violencia”.

En tanto, el diputado oficialista Pedro Carreño solicitó al Tribunal Supremo que forme una junta médica para que evalúe el comportamiento de la fiscal. “A todas luces se nota que la señora no está en sus cabales”, dijo al fustigar a Ortega Díaz, a la que acusó de “encubrir graves delitos” ocurridos durante las protestas.

La legislación venezolana establece que para iniciar un proceso penal contra un miembro del Tribunal Supremo es necesario que el pleno del máximo tribunal determine si hay méritos o no para enjuiciarlo.

El jurista y académico José Ignacio Hernández explicó a The Associated Press que teniendo en cuenta anteriores decisiones del máximo tribunal lo más probable es que la solicitud de la fiscal general sea rechazada.

Ortega Díaz, quien hasta hace unos meses era identificada con el oficialismo, inició en marzo un progresivo distanciamiento del gobierno al cuestionar las sentencias del Tribunal Supremo contra el Congreso y denunciar una “ruptura del orden constitucional”.

La funcionaria presentó este mes dos acciones contra el proceso constituyente que también fueron rechazadas por la Corte.

La oposición ha descartado la participación en el proceso constituyente al que considera un “fraude” y un “golpe de Estado” y exige la celebración de elecciones generales anticipadas, que cese la represión de las manifestaciones y sean liberados los considerados presos políticos. También reclama que se abra un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas que ayude a paliar la escasez de bienes básicos causada, entre otros, por una inflación anual de tres dígitos.

La constitución venezolana otorga protección legal a los miembros del máximo tribunal y establece que para procesarlos y destituirlos por alguna falta grave deben ser investigados previamente por el Poder Moral que integran la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo.

Poco después de la acción de Ortega Díaz el defensor del pueblo Tarek William Saab acudió a la Sala Constitucional para pedir que se le permita a la Defensoría del Pueblo investigar las violaciones a los derechos humanos.

El defensor denunció que la Fiscalía en ocasiones ha impedido su participación en varios casos en los que cree que la Defensoría debe intervenir.”Se ha presentado una controversia en el sistema de justicia con relación a esta competencia”, dijo Saab y evitó referirse al pedido de antejuicio de los ocho miembros de la Corte. Saab sostuvo que su costumbre no es generar polémica en la opinión pública hablando de un colega.

[Vía: El Nuevo Herald]