Tras la reunión celebrada en el Departamento del Tesoro estadounidense entre funcionarios de 16 países se han desatado acciones en varias jurisdicciones en busca de dinero sucio proveniente de Venezuela. Mientras en España se desarrolla una operación policial contra ex funcionarios de Hugo Chávez y empresarios afines al Gobierno, en Colombia la Unidad de Información y Análisis Financiero analiza la estructura empresarial tejida con el negocio de los CLAP. En mayo habrá una reunión en Panamá para concertar medidas conjuntas.

Unidades de inteligencia financiera de varios países latinoamericanos, Estados Unidos y España parecen dispuestas a cortar el flujo de dinero sucio proveniente de Venezuela. Tras la reunión del 19 de abril en el Departamento del Tesoro estadounidense, en la que participaron funcionarios de 16 países, se han realizado acciones en varias jurisdicciones contra venezolanos y empresas ligadas a importaciones para el Gobierno de Nicolás Maduro.

Ayer la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España desplegó una operación contra “ex-altos cargos del Ejecutivo venezolano de Hugo Chávez” y acordó la detención de Claudia Díaz, ex enfermera de Chávez y ex directora de la Oficina Nacional del Tesoro, así como de su esposo, el capitán Adrián Velázquez, quien cumplió labores de seguridad en el entorno del presidente fallecido. Ambos nombres afloraron en 2016 en la investigación periodística global de los Panamá Papers al estar ligados a la constitución de diversas sociedades en paraísos fiscales para ocultar dinero.

De acuerdo al diario El Confidencial la operación policial permitió el registro de “varios inmuebles” en la capital española y “podría afectar a otros ex dirigentes del régimen bolivariano y a empresarios afines que habrían escogido a España” para ocultar dinero sucio, especialmente por una “trama de blanqueo de capitales que habría obtenido grandes sumas de dinero mediante la venta irregular de bonos de Venezuela” y operaciones cambiarias fraudulentas.

Lo ocurrido en España es apenas la punta de lo que puede ser un verdadero iceberg. Esta semana, en Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda, informó que le sigue la pista a las importaciones venezolanas de alimentos destinadas para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), en las cuales se presumen diversos delitos. “Seguiremos persiguiendo los recursos que la corrupción le está arrebatando a los ciudadanos venezolanos”, expresó Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda, y detalló que trabajan de la mano con el Departamento del Tesoro norteamericano. “Un plan que desde ya tiene el respaldo de otras unidades de inteligencia financiera de la región”, aseguró.

Por su parte, Juan Francisco Espinoza, el director de la UIAF, declaró a Noticias Caracol que detrás del plan estatal de los CLAP hay posibles delitos al haberse configurado una red de empresas que sobrefactura la mercancía y termina moviendo el dinero a través de sociedades en paraísos fiscales para beneficiar a personas cercanas al Gobierno venezolano. “¿Por qué consideramos que hay un posible caso de corrupción? Porque hay una presencia de un gran número de sociedades, porque hay una estructura de costos que no es la racional y porque adicionalmente los recursos se mueven entre diferentes países incluyendo paraísos fiscales”, describió el funcionario.

Desde finales de 2016 el Gobierno nacional a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corporvex) ha recurrido a intermediarios registrados en Hong Kong, Barbados o Panamá para comprar en México, Colombia, Brasil o Chile los alimentos que luego llegan en las tan ansiadas cajas CLAP a la población venezolana.

Las acciones de las unidades de inteligencia financiera apenas parecen comenzar. Los funcionarios de 16 países que se reunieron en el Departamento del Tesoro estadounidense han prometido una nueva reunión que se celebrará en mayo en Panamá. A finales de marzo las autoridades del istmo también publicaron una lista 55 venezolanos que entran en la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP), así como de 16 sociedades registradas en Panamá vinculadas al sobrino de Cilia Flores y ex tesorero de la nación, Carlos Malpica Flores.