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Abrumado por el repudio mundial, las protestas internas y fracturas en su propio régimen, esa triste caricatura de gobernante que es Nicolás Maduro dio una marcha atrás parcial en su autogolpe de Estado. Pero esa estéril fantochada es inútil. Por un lado, no reduce ni disimula la dictadura que ha descargado sobre Venezuela. Por otro, el Mercosur le dio un virtual ultimátum para que establezca la plena vigencia democrática, so pena de expulsión del bloque regional. Similar alternativa enfrenta en la Organización de Estados Americanos (OEA), que hoy considera el tema. De poco sirve que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, fiel cumplidor de las órdenes presidenciales, cayera en el papelón público de restituirle a la Asamblea Nacional el hálito de vida que le había quitado dos días antes, al borrarla de la estructura institucional y poner formalmente en manos de Maduro la totalidad de los resortes del poder.
La medida carece de sentido práctico alguno, ya que el dictador venezolano hace desde largo tiempo lo que le place, limitado solo por el beneplácito de sus aliados jefes militares en los que se apoya para sus desmanes. A tal extremo había llegado la barbaridad golpista de Maduro que, hasta la fiscal general Luisa Ortega, integrante del entorno chavista, denunció que las acciones del TSJ bajo órdenes presidenciales constituían “la ruptura del orden constitucional”. Las nuevas volteretas chavistas en nada cambian la necesidad de que la OEA y el Mercosur apliquen la cláusula democrática y expulsen a un régimen que se burla abiertamente del estado de derecho con la persecución y encarcelamiento arbitrario de opositores, con la destrucción de la división de poderes, con las violaciones a los derechos humanos y con el manejo antojadizo de todos los órganos institucionales del país. La única forma de evitar la expulsión es que el régimen chavista obedezca las conminaciones que le fijaron los cancilleres del Mercosur en una reunión de emergencia el sábado en Buenos Aires.
Su comunicado conjunto expresó que “teniendo en cuenta la ruptura del orden democrático en Venezuela, deciden instar al gobierno a adoptar inmediatamente medidas concretas concertadas con la oposición de acuerdo a las disposiciones de la Constitución, para asegurar la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de derecho, a los derechos humanos y a las instituciones democráticas”. Las exigencias perentorias de los cancilleres incluyen “liberar a los presos políticos” y la convocatoria a elecciones que Maduro, rechazado por la mayoría de los venezolanos, ha trabado hasta ahora para aferrarse al gobierno.
La decisión del Mercosur fue agotar los recursos conciliadores y darle a Maduro una última chance de transformarse milagrosamente en gobernante demócrata. Es una esperanza más que frágil e ilusoria. Difícilmente lo acepte la arrogante prepotencia desbordada de Maduro, ya que supondría admitir los excesos de su régimen y dar un vuelco total en la estructura absolutista que montó Hugo Chávez hace casi dos décadas y que su sucesor degeneró en dictatorial. A menos que se produzcan de inmediato los cambios que se le exigen, lo que parece poco menos que imposible, no queda otro camino que aislar en todos los órdenes a esta vergüenza latinoamericana, que ha hundido al pueblo venezolano en la tiranía y la miseria.
[Vía: El Observador]
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