José Ignacio Hernández, procurador general de la República nombrado por la Asamblea Nacional, afirmó que los activos de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos están protegidos por el gobierno norteamericano, por lo que ningún acreedor puede intentar acción judicial alguna contra Citgo.
Junto con el embajador Carlos Vecchio, hemos solicitado la protección total de los activos de Citgo, lo que ratificamos el 20 de mayo. Esta orden ratifica que los activos de Pdvsa en Estados Unidos serán protegidos por el gobierno de Donald Trump, dijo el procurador luego de las medidas de bloqueo impuestas a las propiedades estatales del gobierno de Venezuela en ese país.
Hernández explicó que era necesario contar con medidas de protección de activos para poder tener el espacio de negociación de deuda suficiente, ya que la “renegociación abarca todas las acreencias del sector privado en contra de Venezuela”.
Ninguna empresa puede ejecutar propiedades de Pdvsa en Estados Unidos. Sin excepción, expresó el procurador.
Sobre los bonos de Pdvsa 2020, el abogado aseveró que la decisión sobre el próximo pago de la deuda será una medida que deberá tomar la Asamblea Nacional.
Hernández afirmó finalmente que este bloqueo impuesto por el gobierno de Trump es una jugada indispensable para acelerar la transición democrática en Venezuela y proteger los activos del Estado venezolano necesarios para atender la emergencia humanitaria.
Orlando Viera-Blanco, embajador de Venezuela en Canadá, respaldó a Hernández y recordó que, en agosto del año pasado, un juez federal de Estados Unidos embargó las acciones de PDV Holding, matriz de Citgo, a favor de Crystallex lo que fue reafirmado el pasado 29 de julio.
La minera canadiense llevó el caso al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones donde Venezuela fue condenada a indemnizar 1.200 millones de dólares.
Guaidó, presidente interino de la República señaló que el bloqueo de Estados Unidos es contra el régimen de Nicolás Maduro y que toda deuda que este pretenda contraer con activos de la nación, será ilegal.
Cualquiera que quiera beneficiarse de la crisis será ahuyentado, escribió Guaidó, y explicó que toda persona, compañía, institución o país que tenga intenciones de hacer negociaciones con la administración de Maduro será sujeto de sanción.
Guaidó señaló que la ordenanza de Trump tiene algunas excepciones humanitarias en cuanto a alimentos y medicamentos, además de proteger al sector privado.
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, instó a China y Rusia a detener el apoyo al régimen de Maduro porque la Venezuela posmadurista podría dejar de pagar cualquier compromiso adquirido con esas naciones.
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