Como un hecho sin precedentes en la historia de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país se conformó en el exilio tras la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro.

El poder judicial, que fue designado por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, nunca pudo instalarse en Venezuela. Debido a ello, ahora tomará posesión en las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) con la misión de investigar y sancionar los actos de corrupción en el país suramericano.

El acto de instalación se efectuará el próximo 13 de octubre y desde el exilio los magistrados ejercerán su labor judicial.

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Se espera que al momento de la instalación estén presentes los juristas que se encuentran exiliados en Estados Unidos, Colombia, Chile y Europa, con los que tendrían el quórum suficiente para llevar a cabo el procedimiento.

El TSJ designado por la AN no solo cuenta con el reconocimiento de la OEA, donde se instalará, sino también con el del Parlamento Europeo.

En contraparte, la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, de unanimidad chavista, fue desconocida por el Europarlamento, países de la OEA, Mercosur, Estados Unidos, Colombia, entre otros.

“Escogimos la OEA porque consideramos que es un organismo imparcial y con una cantidad de Estados considerable”, explicó Pedro Troconis, miembro de la Sala de Casación Penal. Asimismo, informó la decisión de designar a Miguel Ángel Martín, integrante de la Sala Constitucional, como presidente del TSJ.

“Podremos emitir acuerdos (pronunciamientos) para dirigirnos a gobiernos y autoridades para que se hagan investigaciones contra funcionarios que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, narcotráfico o legitimación de capitales”, adelantó.

Gabriel Calleja, integrante de este inédito Tribunal, que tendrá plenas competencias en Venezuela y fuera de ella, informó que el objetivo de este es retomar el orden constitucional, defender la democracia y los derechos humanos, entre otros.

Junto a Luis Almagro, secretario general de la OEA, el magistrado Antonio Marval informó que las medidas que tomará el “TSJ legítimo” serán de carácter internacional y de “obligatorio cumplimiento” para el Gobierno de Nicolás Maduro.

Cabe destacar que el pasado 21 de julio, tal y como lo establece la Constitución de Venezuela, la Asamblea Nacional designó y juramentó a los integrantes del poder judicial, que previamente se sometieron ante un Comité de Postulaciones. Sin embargo, apenas horas después del acto, la dictadura de Maduro los desconoció y acusó de usurpar funciones del poder judicial chavista.

Algunos juristas se refugiaron en las embajadas de Chile y México, mientras que otros optaron por el exilio.

Distinta fue la suerte de Ángel Zerpa, miembro de la Sala Político Administrativa, que fue apresado por agentes de inteligencia el 22 de julio, para posteriormente ser encerrado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

Luego de más de 20 días en huelga de hambre, fue liberado con medidas cautelares, aunque todavía se encuentra inmerso en un proceso judicial.