El régimen venezolano, bajo un esquema de presuntas asociaciones estratégicas, otorgó concesiones de explotación minera a diversas empresas chinas, rusas, canadienses, surafricanas, australianas y de otros países.

El régimen de Nicolás Maduro puso en marcha, en 2016, el llamado Arco Minero del Orinoco. Desde entonces, esta vasta extensión de 111 mil 846 kilómetros cuadrados se ha convertido en una tragedia ecológica debido a la explotación de recursos mineros.

Este territorio virgen venezolano atraviesa selvas del sur como la sierra de Imataca, La Paragua y El Caura, así como las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. Todos sistemas ecológicos frágiles, habitados por comunidades indígenas.

El Arco cuenta con grandes reservas de coltán, bauxita, diamantes y oro que algunos cálculos valoran en unos 2 trillones de dólares.

El régimen venezolano, bajo un esquema de presuntas asociaciones estratégicas, otorgó concesiones de explotación minera a diversas empresas chinas, rusas, canadienses, surafricanas, australianas y de otros países.

Una trabajo realizado por Letras Libres explica que una de las empresas concesionarias, llamada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, resulta ser el principal soporte económico del régimen de Maduro.

Las comunidades de pueblos indígenas han sido una de las principales víctimas de la participación militar en las regiones mineras. Esto ha resultado en enfrentamientos con fuerzas militares y en crímenes contra representantes de esos pueblos, que se mantienen impunes.

La migración de personas hacia las zonas selváticas para trabajar en la minería explican un incremento de los casos de malaria en Venezuela. También se registró un aumento en casos de prostitución, tráfico de seres humanos y la explotación de los trabajadores.

La Asamblea Nacional y antiguos funcionarios del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez han denunciado la devastación del Arco Minero del Orinoco.  El Mayor General Clíver Alcalá Cordones, introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano para detener la explotación minera en esa zona. Pero la máxima instancia judicial la declaró improcedente.

Varias organizaciones, entre ellas la Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela también han alertado sobre los problemas del Arco Minero. Sin embargo, el régimen venezolano ha hecho caso omiso a todas estas denuncias.

Pese a la gravedad de la devastación del Arco Minero, grandes del ecologismo mundial como Greenpeace o el WFF se mantienen en silencio.

El vocero canadiense del ecologismo, David Suzuki, participó en una conferencia organizada en 2015 por la Embajada de Venezuela en Canadá. Allí no mencionó el impacto ecológico de la explotación petrolera en Venezuela.

Otras organizaciones como MiningWatch Canadá se han pronunciado tímidamente sobre el tema en redes sociales.