El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció este domingo que el 41,53% de los electores, que equivale a poco más 8 millones de personas, eligió a la nueva Asamblea Nacional Constituyente, que se encargará de redactar una nueva Carta Magna.

La consulta popular estuvo marcada por enfrentamientos violentos en manifestaciones en varias ciudades del país que dejaron al menos 10 muertos, según informó la fiscalía.

La oposición, que no participó en los comicios, dijo que la convocatoria solo había sido del 12% y se rehusó a reconocer la elección, que calificó como ilegítima.

Al menos una decena de países, entre los que están Estados Unidos, Perú, Colombia y Brasil, también desconocieron el proceso. Sin embargo, los gobiernos de Bolivia, El Salvador y Nicaragua señalaron su apoyo a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro.

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El pasado 16 de julio, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llevó a cabo una consulta popular independiente en la que 7,2 millones de venezolanos, según sus cálculos, rechazó el gobierno de Nicolás Maduro.

La rectora del CNE, Tibisay Lucena, dijo sobre la elección del domingo que todavía no es posible presentar resultados irreversibles sobre algunos de los candidatos en la categoría sectorial y que quedan por elegirse ocho legisladores indígenas.

La funcionaria habló de una “votación alta y sorpresiva”.

En la consulta se elegían a 545 miembros que en un tiempo todavía no definido estarán a cargo de escribir una nueva Constitución y de reformar el Estado.

“Para poner orden”

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habló a sus seguidores desde la Plaza Bolívar de Caracas minutos después del pronunciamiento de Lucena.

“La Asamblea Constituyente tiene la misma legitimidad de la Constituyente de 1999“, aseguró el mandatario.

“Esta es una Constituyente para poner orden, para hacer justicia y defender la paz. Ellos (la oposición) van a seguir en su locura y se van a ir apagando cada vez más. Algunos terminarán en una celda bajo el mando de la justicia necesaria”, continuó.

Para ello, Maduro le pidió a la nueva asamblea una reestructuración del Ministerio Público que dirige la fiscal Luisa Ortega.

Y también aseguró que la misma “levantará la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarla”.

Manifestante con una pancarta que dice

A lo largo de la jornada electoral, la oposición sistemáticamente denunció irregularidades en el proceso.

Y momentos antes del primer informe de resultados entregado por Lucena, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a nuevas protestas masivas a partir del lunes.

El líder opositor y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, informó que la jornada de manifestaciones comenzará el lunes al mediodía para “condenar la masacre de este domingo”.

Venezuela atraviesa una ola de protestas antigubernamentales que ya sumancuatro meses y casi 120 muertos.

Poder ilimitado

Durante su intervención el domingo, la rectora del CNE nombró a algunos de los candidatos que resultaron elegidos como nuevos legisladores.

Entre ellos hay voceros prominentes del gobierno, como la primera dama Cilia Flores, la excanciller Delcy Rodríguez, Iris Varela, exministra de Asuntos Penitenciarios y Aristóbulo Istúriz, exministro de Maduro.

La Constituyente tiene poderes ilimitados y está por encima de cualquier otra institución del Estado, incluido el propio presidente.

Dos hombres buscan comida en bolsas de basura en Caracas.

El artículo 349 de la actual Constitución establece que los poderes constituidos “no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente” y que el presidente de la república no podrá objetar la nueva Constitución.

Maduro, que interpretó que no era necesaria una consulta popular previa para ver si los venezolanos deseaban una Constituyente, como sí sucedió en 1999, propuso un referendo para aprobar la nueva Carta Magna.

Pero será la Constituyente la que decidirá si llevarlo a cabo.

Maduro y otros líderes del oficialismo que estarán en la Constituyente ya han anunciado la posible disolución del Parlamento, controlado por la oposición, y la reforma del Ministerio Público.

Para la oposición y miembros de la comunidad internacional, esta movida significa el fin de la democracia en el país.

[Vía: BBC]